Hablar de acciones y
resultados a largo plazo pareciera incongruente ante la catastrófica situación
de Venezuela, con muchas y variadas necesidades a corto y mediano plazo. ¿Por
qué entonces escribir sobre nuestras necesidades a largo plazo, con tantas
necesidades inmediatas? La respuesta es sencilla. Estoy convencido de que el
liderazgo político de nuestro país, con algunas y muy pocas excepciones, es
mayoritariamente “cortoplacista”. Es decir dedican sus esfuerzos, energías y
creatividad, para ganar las próximas elecciones generales, municipales y/o
presidenciales al corto plazo; obviando el largo plazo.
Cuando analizamos
los gastos y desembolsos en base a porcentajes del Producto Interno Bruto (PIB),
nos encontramos, con que en educación, salud, proyectos de inversión,
infraestructura y servicios públicos, estos desembolsos son inferiores al gasto
militar, los subsidios, las donaciones a otros países y la corrupción.
Desperdiciamos criminalmente
nuestros recursos en gastos secundarios superfluos, dejando de invertir en la
verdadera necesidad de proyectos sociales y de inversión rentables de largo
plazo, para asegurar el futuro de una mejor Venezuela, que beneficie a toda su
población. La planificación del gasto y las pocas inversiones que se hacen
parecieran llevar el sello del populismo, de la irresponsabilidad y la ceguera en
visualizar un mejor destino para el país. El actual gobierno es un ejemplo
típico de esta ceguera y desidia. Por lo tanto estas reflexiones van orientadas
hacia los próximos gobiernos de Venezuela, de los cuales se esperará den mayor
relevancia a las inversiones a largo plazo, tanto en lo social, como en lo
industrial y estructural.
Para el desarrollo
armonioso e integral de un país, es fundamental invertir prioritariamente en:1)
Educación, 2) Salud, 3)Respeto y cumplimento de las leyes, 4) Existencia de un
proyecto único de país, 7) Unidad nacional alrededor de ese proyecto país, 8)
Infraestructura vial y de transporte, 9) Puertos y aeropuertos, 10) Hotelería,
y 11) Mejora de los servicios básicos.
Dado que tal plan a
largo plazo requiere de muchísimas inversiones de capital, es fundamental
apoyarse en el capital privado, al cual deben dársele las garantías jurídicas y
condiciones políticas para que vengan al país a invertir y a participar en
nuestro desarrollo.La sensibilidad social de la empresa privada se promueve y
se estimula, no se impone con la fuerza, ni con la argucia de leyes torcidas para
ejercer controles perversos.
En esencia, habría
que trabajar intensamente en ampliar y mejorar la calidad de la educación, atacar
fuertemente la corrupción, reducir la impunidad a un mínimo posible, contener
la criminalidad, fortalecer los valores humanos de la población, mejorar
sustancialmente la justicia, y establecer el estado de derecho.
El preciado recurso
humano de Venezuela, vital para el desarrollo de cualquier país, está muy
deteriorado, mal educado, desmejorado, golpeado, indefenso, acomplejado,
desunido y atemorizado; sobre su futuro incierto. Creo que las personas
pensantes en su mayoría coinciden con esta apreciación. En consecuencia debemos
pensar prioritariamente en él. En cómo se reeduca, se recupera, se mejora, se
prepara; como para enfrentar los retos del futuro. Por ello hablo de largo
plazo (10, 20 años o más). Las nuevas generaciones de venezolanos deben por
necesidad social y obligación moral, superar a las actuales.
El venezolano de ese
futuro que visualizo, debe ser: mejor ciudadano, mejor empleado, mejor
empresario, mejor comerciante, mejor juez, mejor obrero, mejor militar, mejor profesional,
mejor persona, mejor policía, mejor político y un mejor gobernante. En fin, un
mejor venezolano promedio que el actual.Queda pues en manos de la voluntad de
la generación política que prevalezca, luego de la salida del poder de este
gobierno actual, para colocar las cosas en su sitio, y de comprometerse
seriamente a recomponer a Venezuela para ubicarla en el sitio que se merece. Quizás
hará falta un pacto parecido al de Punto Fijo, con características más
nacionales que partidistas, para proteger la democracia y garantizar el
desarrollo integral del país.
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