En
el intento de GOLPE DE ESTADO del 4 de febrero de 1992, contra el gobierno
constitucional del entonces presidente Carlos Andrés Pérez, miembro del partido
político Acción Democrática, que en paz
descanse; sus líderes fueron apresados, juzgados
y encarcelados y dejó 50 muertes, que por cierto quedaron impunes.
Increíblemente,
algunos demócratas del entonces existente congreso de la república de
Venezuela, simpatizaron con el movimiento encabezado por el teniente coronel
del ejército, Hugo Chávez Frías, y súbitamente
propiciaron un juicio contra Carlos Andrés Pérez, básicamente por dolo y
malversación, al haber ayudado económicamente con 17 MM de dólares atribuibles
a la causa democrática de la ex presidenta Violeta Chamorro contra la amenaza
comunista que se cernía sobre Nicaragua a través del sandinismo.
El
acto de solidaridad con la democracia nicaragüense realizado por el gobierno de
Carlos Andrés Pérez, fue considerado por el congreso de la republica como
ilícito, hecho este que desencadenó la salida de Carlos Andrés Pérez de la
presidencia de la republica de Venezuela, quién fue sustituido y reemplazado (1993-1994)
por el entonces senador Ramón J. Velásquez, hasta que se realizasen nuevas
elecciones al final del periodo presidencial. Triste e inmerecido el final de
CAP. Hasta su partido político AD, le dio injustamente la espalda.
En
conclusión, la donación de CAP a Violeta de Chamorro, entonces presidenta de
Nicaragua, fue condenada con mayor rigor que el intento del golpe de estado de
Hugo Chávez Frías. Este último, quién salió al poco tiempo de la cárcel,
indultado por el entonces presidente Rafael Caldera luego de .solo 3 años de
prisión, por un acto salvaje de intento de golpe de estado con 50 muertes
inocentes y muchos heridos, sin culpables.
No
obstante el gesto humano y noble del presidente Rafael Caldera de liberar a
Hugo Chávez Frías de la cárcel; cuando este último sale victorioso en las elecciones presidenciales de 1998, en un
acto despótico y grosero, decide no tomar juramento del ex presidente Caldera y
por el contrario es juramentado por el presidente del entonces Congreso
Nacional, sobre la constitución de 1961, a la cual calificó de moribunda.
El
chavismo está convencido, y así no los
hace saber cada año, que lo acontecido el 4 de febrero de 1992, fue una simple rebelión
militar contra un gobierno constitucional que consideraban que debía ser
sustituido por otro violento y totalitario como lo que representaba esa
subversión chavista de entonces.
Si
comparamos la conducta constitucional de gestión del gobierno de Carlos Andrés
Pérez con la conducta constitucional de gestión de los gobiernos de Hugo Chávez
y el de su sucesor Nicolás Maduro, encontraremos que existen muchísimos más
motivos y razones para revelarse con éstos últimos, puesto que han violado reiteradamente
la constitución de la república desde los mismos inicios de éstos dos
gobiernos.
En
materia de constitucionalidad, criminalidad, inflacionaria, malversación, violaciones
a derechos humanos, abuso de poder, corrupción, impunidad, devaluación de la
moneda, legalidad, representatividad, desarrollo del país, calidad de vida,
producción, improvisaciones, ineficiencia, productividad, estado de derecho,
seguridad ciudadana, justicia, progreso, competitividad, y libertad de
expresión; justifican que los gobiernos chavistas deberían haber sido
derrocados desde hace cierto tiempo.
Es
aberrante, cínico y patético; que el chavismo esté a la “caza” de cualquier
movimiento que consideren sedicioso para acusar a grupos opositores de
golpistas, cuando la oposición ha tenido tanta justificación para hacerlo, que
la pregunta: ¿por qué no me sublevo contra
este gobierno?,
conquista mayor fuerza cada día. La respuesta a la pregunta, quizás se
encuentre en la mayor sensatez, civilidad y responsabilidad del sector opositor
demócrata de la actualidad, muy diferente a la conducta golpista que siempre
acompaña al chavista.
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