La nueva Asamblea Nacional, es considerada como el
balcón desde donde se expresa el pueblo. Ésta, genera, controla y vigila las leyes que emite, para la
nación en favor de las necesidades de todos los ciudadanos y residentes en el
país. Tiene además, la “tácita” responsabilidad de poner orden y devolverle a
Venezuela la independencia de actuación de los poderes de la nación, hasta
ahora secuestrados por el poder ejecutivo, que le sirven a éste para lograr sus
objetivos políticos de perpetuarse en el poder, entre muchos otros propósitos
antidemocráticos.
El poder ejecutivo actual, en complicidad con la
Asamblea Nacional saliente, ha conspirado para prostituir al poder judicial, y
al poder ciudadano lo que ha llevado al país a una situación de fracasos económicos
y sociales acompañados de una ola enorme
de pobreza y corrupción propiciada por el mismo gobierno. Esta permisividad e
impunidad generada por el gobierno, ha sido parte de su estrategia para administrar a Venezuela en forma radical
y fraudulenta. En nombre de la revolución bolivariana, han arruinado al país en
su beneficio propio. Muchos de sus líderes y allegados, se han enriquecido fraudulentamente
durante 16 años en el ejercicio del poder. No existe ni siquiera una
investigación por esto.
Un debate necesario en la nueva AN, sería el de la revisión
de las funciones, roles y responsabilidades de los poderes del estado
venezolano. Esto debido a que en la teoría y según la constitución están bien definidos;
pero en la práctica, los deberes y responsabilidades de cada uno de estos
poderes, no son afines con lo que contempla la constitución y las leyes. Ante
esta enorme “trasgresión” y vacío que existe en los poderes del estado
venezolano, el referido debate sería de un gran valor para los venezolanos y el
mundo que nos observa.
Según la constitución, los poderes del estado
sirven a la nación para beneficio de todos los venezolanos sin exclusión
alguna. Otra función de los poderes del estado es el de ofrecer a la nación un
contra peso entre todos estos, a objeto de lograr el balance idóneo entre ellos
en beneficio de los intereses del país.
Las coincidencias y/o diferencias permitidas entre
los poderes, están claramente señaladas en la constitución de la
república. Los miembros de los poderes de
la nación son elegidos tácitamente por el pueblo, y el pueblo es el jefe supremo
de todos estos.
En el caso de que algún poder público actuare en
forma diferente y en contra del pueblo, el pueblo tiene el poder electoral para
remover a los representantes de este poder de sus cargos. En algunos casos lo
hace directamente, en otros, lo hace a través a e la tribuna del pueblo
representada por la Asamblea Nacional. Un ejemplo de estas anomalías las
podemos ver en la realidad actual. A saber:
Están lloviendo denuncias gravísimas de corrupción asociadas
a funcionarios venezolanos, familiares de éstos y a empresarios cercanos a la denominada
revolución chavista o gobierno. Tales denuncias son reseñadas por diarios de
todas las regiones del mundo con pruebas e información fidedigna de los hechos,
con evidencias inobjetables y legitimas. Se han hecho detenciones ciertas por
tales actos de corrupción con nombres y apellidos.
Cuando lo sensato sería investigar internamente y ponerse
a las órdenes de la justicia externa para informarse, aclarar o confirmar tales
actos, contribuyendo con la investigación que los señala; el gobernó voltea
hacia un lado y niega e ignora que exista esa realidad. Contrariamente a lo que
deben hacer, el gobierno y los poderes del estado de Venezuela se convierten
automáticamente en cuestionadores de las denuncias y sentencias e
inmediatamente se constituyen en alcahuetes de tales “personajes acusados de
corruptos” o de “narcotraficantes”. Seguidamente dan declaraciones de la
existencia de una guerra internacional que desea hacer daño al gobierno de
Venezuela.
Otro ejemplo de incompetencia, dejadez y desidia, es
el de la grave situación económica y social que vive el país en sus diferentes áreas.
A saber: enorme escasez, altísima inflación, enorme desnutrición, altos
precios, alta devaluación de la moneda, bajos sueldos y salarios, alto
desempleo, alarmante baja en la producción de bienes y servicios, bajísimo
poder adquisitivo, existencia de un corrupto e inútil control cambiario,
alarmante baja en la producción de petróleo, deterioro inmenso en la calidad de
vida del venezolano, mayor pobreza, etc...
Ante las denuncias y demandas del pueblo para que
salgamos de esta situación, al gobierno y demás poderes del estado, solo se les
ocurre achacarle la culpa de todo ello a las naciones enemigas que “supuestamente”
tienen una guerra económica contra el gobierno de Venezuela, para sacarlo del
poder. Cuando deberían dar la cara y reconocer su culpa por el fracaso de su
revolución, el gobierno miente cobardemente y acusa a la oposición y al
empresariado de la destrucción económica que ellos mismos han causado. Ya el
pueblo no les cree nada de lo que dicen y argumentan.
Hasta ahora la Asamblea Nacional solo ha servido
para apoyar al poder ejecutivo en todo tipo de irregularidades, con el
propósito de avanzar en su proyecto comunistoide perverso. Ha permitido que el
gobierno junto a los demás poderes públicos despilfarrasen gran parte de un inmenso
presupuesto anual sin control ni seguimiento alguno. Numerosos bancos
internacionales tienen dentro de su clientela VIP a cientos de venezolanos y
extranjeros corruptos que han usurpado a la nación gran parte de esos enormes
ingresos, los cuales han podido servir para hacer crecer a Venezuela a niveles
impensados.
Utilizando la señal de costumbre de levantar las
manos, los asambleístas chavistas dieron luz verde al gobierno para ejecutar
ostentosos presupuestos, que han desangrado al país de una forma ominosa. Como resultado,
existe enorme desbalance fiscal, la deuda interna y externa del país, llegó a
niveles gigantescos, y es prácticamente impagable. Se estima que es de unos 300
mil millones de US$.
Si se hubiese ejercido correctamente el control de
la AN sobre el poder ejecutivo, de aprobar solo las solicitudes ajustadas a
derecho y rechazar las que estaban fuera de la ley; al menos, se hubiera
evitado que el desangramiento del erario público fuese tan enorme como lo ha
sido. Lamentablemente el daño está hecho y actualmente no tenemos la
posibilidad de tener enormes presupuestos anuales que controlar. El país está
económicamente deprimido y prácticamente quebrado. Se requiere de inmensos recursos económicos
para sanear su economía.
El nivel actual de producción de petróleo ha bajado
dramáticamente. Hoy día es de unos 2,3 MMBPD. Esto, debido al crecimiento
insólito de la nómina de PDVSA, el aumento de tareas y funciones ajenas al
negocio petrolero, sumados a la
impericia de PDVSA de mantenerlo a niveles aceptables. Los costos de
producción han subido estrepitosamente desde 1998. Estimo que estos costos de
producción de petróleo pudieran estar cercanos a los 15 $/barril, con un margen
de ganancia por venta bizantino, considerando los bajos precios de venta del petróleo
en el mercado internacional cercano a los 30 $/barril. Si a esto sumamos que
producimos gasolina a un precio muy superior al que la vendemos en el mercado
interno; y además tenemos que suplir la demanda que no podemos cubrir a precios
de mercado internacional, es evidente que tenemos un enorme balance deficitario
en la economía de nuestra industria petrolera que se debe solventar.
La información frecuente que nos suministra el
portal de internet “Energy
& Capital” de
un próximo “boom” en la generación de energía eléctrica a través de la energía
nuclear en todo el mundo; emiten señales poderosas para preocuparse y ocuparse
de resolver cuanto antes los problemas políticos, petroleros y económicos de
Venezuela. De no hacerlo, preparémonos para un futuro sombrío.
Para enderezar la economía, es necesario y urgente
que Venezuela se abra al capital privado internacional, atraiga inversiones y
ofrezca a los dueños de éstas garantías de protegerlas. Todo ello, necesario para
apalancar y diversificar la economía del país. Eso será imposible con el actual
gobierno, el cual se declaró socialista y anti capitalista; y además, canceló
sus relaciones comerciales con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y
el Banco Mundial (BM) los cuales pudieran auxiliarnos. Por lo tanto, es inaplazable
decidirse a cambiar el rumbo del país exigido
por el pueblo el 6D. Por ello es forzoso y pertinente cambiar de gobierno vía revocatoria
u otro método legal y constitucional. No existe otra vía.
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